El contexto boliviano continúa marcado por profundas desigualdades de género y por la persistencia de la violencia machista como un problema estructural. En los últimos años, los movimientos feministas han fortalecido sus luchas, logrando mayor visibilidad e incidencia, aunque enfrentan reacciones conservadoras que buscan limitar los derechos conquistados. La violencia en razón de género sigue siendo una de las principales vulneraciones a los derechos humanos. Cada vez más mujeres rompen el silencio y denuncian, exigiendo una justicia oportuna y sin sesgos; sin embargo, persisten altos niveles de impunidad, barreras de acceso y debilidades en la aplicación de la debida diligencia.

Esta violencia tiene impactos directos en la salud física, mental y sexual de mujeres, niñas y adolescentes, incluyendo lesiones, embarazos forzados, infecciones de transmisión sexual y afectaciones emocionales. A pesar de ello, el acceso a servicios de salud integrales, dignos y con enfoque de género sigue siendo limitado, lo que dificulta la restitución de derechos. En este contexto, los derechos sexuales y reproductivos continúan en disputa. El aborto inseguro sigue siendo un problema de salud pública y de justicia social, que pone en riesgo la vida y la salud de muchas mujeres, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. A nivel institucional, persisten desafíos en la articulación entre los sistemas de salud, justicia y protección, así como limitaciones en recursos y voluntad política para enfrentar la violencia de manera integral.

Sin embargo, se observan avances importantes: más mujeres participan en espacios públicos, fortalecen su autonomía y posicionan sus demandas en el debate social. En este escenario de avances y resistencias, el trabajo articulado de organizaciones y movimientos feministas sigue siendo clave para impulsar transformaciones estructurales y garantizar una vida libre de violencia.