El gobierno no pierde oportunidad para demostrar su desprecio hacia los pobres, sus métodos de intimidación, el abuso de poder de los uniformados, las constantes amenazas de encarcelamiento para quien se atreva a desobedecer, ratifican su incapacidad para gobernar, desde el respeto a todas las diversidades existentes en este Estado Laico y Plurinacional, donde no es posible ocultar las distintas clases sociales, las comunidades y pueblos indígenas, las desigualdades entre los géneros, la negación de las diversidades sexuales, en fin, toda la diversidad que nos habita y que el gobierno interino y sus sacristanes niegan porque solo ven el país, con su ojo derecho.
Decretar drásticamente el cierre del territorio nacional, dejando a un grupo de 300 personas varadas en la frontera con Chile, sin importar si son mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, niñas y niños a las puertas del país, representa una violación a los Derechos Universales, al Pacto Mundial por los Derechos de las Personas Migrantes y a la CPE, el mandato de que “nadie entra y nadie sale” se desmorona cuando se organizan vuelos internacionales para evacuar a turistas de distintas nacionalidades “vuelos humanitarios” o el último ingreso de Ecojet con 36 bolivianos a bordo, en otro “vuelo dizque humanitario” mientras se abandona a los pobres quienes no tienen cómo costearse el bendito vuelo humanitario.
Por último y para justificar su grosería, el gobierno interino acusa a las y los bolivianos varados en la frontera, de masistas. Ser pobre, lamentablemente, es un delito en este país y en muchos lugares del mundo, pero tener una ideología ¿desde cuándo es un delito?
El Estado no puede abandonar a la gente a la intemperie, sin comida, sin condiciones mínimas que los mantengan alejados del coronavirus, no puede negar su rol de garante de los derechos de las y los bolivianos, la gente varada en la frontera no le pide favores, solo le recuerda hacer lo que corresponde, asegurar el ejercicio pleno de sus derechos y para el caso concreto, véase la CPE, art. 21, inciso 7 y art. 22.
Nadie puede cerrar los ojos ante el drama de la personas que permanecen a las puertas del país, es la misma figura y angustia que viven las mujeres, quienes duermen junto a la puerta de sus casas, sin poder entrar porque hay “alguien” que así lo determinó, violando sus derechos y condenándolas a sufrir cualquier atropello o humillación. Seguiremos indiferentes ante estos delitos, podremos revertir la situación?
Las declaraciones y actitudes de las autoridades son propias de una dictadura que no se avergüenza en demostrar sus métodos represivos con clara intencionalidad de paralizar a todos los movimientos sociales, cuestionadores de sus formas de construir hegemonía y hacerse de los poderes políticos y económicos de este Estado que reivindicamos, Nuestro Estado Laico y Plurinacional.
Casa de la Mujer
