El equipo

Miriam Suarez Vargas
Responsable de Departamento de Derechos Humanos Directorio

Beverly Mamani Diaz
Administradora Ejecutiva Administración

Norma Cava Haase
Contadora Ejecutiva Administración

Sara Ruth Vilca Rocha
Abogada Equipo legal

Carla Veronica Soliz Loayza
Psicóloga y técnica de proyecto Equipo psicológico

Osvaldo Hurtado Medrano
Coordinador General de Radio Alternativa - Facilitador de Campo Departamento de fortalecimiento

Elizabeth Cailloma Guzman
Responsable del Departamento de Jóvenes Departamento de fortalecimiento

Marvi Yamile Candia Aramayo
Responsable del Refugio Temporal Departamento de fortalecimiento

  

En Bolivia, se han producido grandes y rápidos cambios en nuestras formas de vida y nuestra forma de pensar, debido a la pandemia Covid-19, que ha desnudado una crisis muy profunda que interpela el actual sistema capitalista, basado en la acumulación de la riqueza, del control del poder político, la súper explotación del trabajo, y la destrucción de los recursos naturales del planeta.

En este periodo, se ha podido establecer que la pandemia afecta a todas las personas, aunque no de la misma forma. Ya que se han multiplicado las desigualdades y se han profundizado las brechas económicas entre ricos y pobres, amplificando sus efectos en aquellos sectores históricamente excluidos, que viven en condiciones precarias, que trabajan en la informalidad y quienes, por su orientación sexual, identidad sexual, su edad u origen étnico, muestran mayor vulnerabilidad y han visto sus derechos cada vez más restringidos. Por ende, es necesario leer la nueva realidad post-pandemia desde una mirada multidimensional.

En este contexto, en el mes de marzo del 2020, el gobierno de Añez declara estado de emergencia sanitaria, decretando una cuarentena rígida en todo el territorio nacional, con resultados funestos para miles de mujeres que viven con su agresor bajo el mismo techo. Según datos del Observatorio de la Mujer, del 22 de marzo al 22 de abril, cinco mujeres perdieron la vida y más de 1.500 hechos de violencia se produjeron en las familias bolivianas. Hasta septiembre de 2020, según la Fiscalía General del Estado, aproximadamente hubo 125 feminicidios y 24.000 episodios de violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica. El encierro de las mujeres en sus casas, fue el infierno cotidiano de miles de mujeres, golpeadas, ultrajadas y humilladas, demostrando que la casa no era el lugar más seguro contra el virus, como lo aseveró el gobierno en su momento, muchas no sabían si iban a lograr sobrevivir al virus, al hambre o a la violencia de sus parejas.

En el ámbito de la economía boliviana, los elevados niveles de pobreza e informalidad de nuestro país, nos hace reconocer que la crisis afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres; el impacto del coronavirus, ha golpeado con mayor dureza a las mujeres, debido a los roles de género tradicionales, que han limitado su tiempo disponible para participar en el mercado laboral e influyen en la discriminación ocupacional, por la cantidad de tareas que realizan dentro del hogar, teniendo en cuenta que una mayoría de ellas tienen trabajo informales o muy precarios, a tiempo parcial para acomodar sus horarios al trabajo remunerado y las labores familiares.

La situación de trabajo de las mujeres se vio muy afectada por la cuarentena, debido a que ellas participan más en la oferta de servicios y el comercio, que son los sectores menos protegidos, además de sumarse a sus responsabilidades la carga del trabajo de cuidado que no es remunerado. La situación de las mujeres se ha visto aún peor agravada debido al cierre temporal de escuelas y centros de atención infantil, demostrando la vulnerabilidad del empleo de las mujeres.

El Análisis del Impacto Covid-19 sobre las Mujeres trabajadoras en Bolivia, establece que:

• 7 de cada 10 mujeres generan ingresos en la economía informal, sin seguridad social, ni protección de legislación laboral.
• El 82% de las mujeres está en los sectores de servicios y comerciales, que han sido seriamente afectados por la emergencia de salud.
• La brecha salarial entre hombres y mujeres ronda alrededor de un 30%.
• El 70% de las mujeres trabaja en el sector informal, con una alta vulnerabilidad de empleo.
• 30% de la población del país está localizada en las áreas rurales, donde las mujeres no tienen ingresos propios.

El contexto boliviano continúa marcado por profundas desigualdades de género y por la persistencia de la violencia machista como un problema estructural. En los últimos años, los movimientos feministas han fortalecido sus luchas, logrando mayor visibilidad e incidencia, aunque enfrentan reacciones conservadoras que buscan limitar los derechos conquistados. La violencia en razón de género sigue siendo una de las principales vulneraciones a los derechos humanos. Cada vez más mujeres rompen el silencio y denuncian, exigiendo una justicia oportuna y sin sesgos; sin embargo, persisten altos niveles de impunidad, barreras de acceso y debilidades en la aplicación de la debida diligencia.

Esta violencia tiene impactos directos en la salud física, mental y sexual de mujeres, niñas y adolescentes, incluyendo lesiones, embarazos forzados, infecciones de transmisión sexual y afectaciones emocionales. A pesar de ello, el acceso a servicios de salud integrales, dignos y con enfoque de género sigue siendo limitado, lo que dificulta la restitución de derechos. En este contexto, los derechos sexuales y reproductivos continúan en disputa. El aborto inseguro sigue siendo un problema de salud pública y de justicia social, que pone en riesgo la vida y la salud de muchas mujeres, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. A nivel institucional, persisten desafíos en la articulación entre los sistemas de salud, justicia y protección, así como limitaciones en recursos y voluntad política para enfrentar la violencia de manera integral.

Sin embargo, se observan avances importantes: más mujeres participan en espacios públicos, fortalecen su autonomía y posicionan sus demandas en el debate social. En este escenario de avances y resistencias, el trabajo articulado de organizaciones y movimientos feministas sigue siendo clave para impulsar transformaciones estructurales y garantizar una vida libre de violencia.