Requisitos para tramitar un divorcio

-Certificado de matrimonio (original)

-Certificado de nacimiento de los hijos (original)

-Número de cuenta bancaria de la demandante (Banco Unión o cualquier otro banco)

-Fotocopia simple de la cédula de identidad de la demandante

-Fotocopia simple de la cédula de identidad del demandado (no es necesario)

-Fotocopia simple de la cédula de identidad de los testigos

-Aviso de Agua/Luz de la demandante (original)

-Croquis del domicilio de la demandante (dígital)

-Croquis del domicilio del demandado (dígital)

-Papeles de los Bienes sujetos a registro (originales)

Requisitos para tramitar la asistencia familiar

-Certificado de nacimiento del hijo/s (original)

-Fotocopia simple de cédula de identidad de la madre

-Fotocopia simple de cédula de identidad del padre

-Aviso de Agua/Luz (original)

-Cuenta bancaria a nombre de la demandante (cualquier banco)

-Croquis del domicilio de la demandante (dígital)

-Croquis del domicilio real o laboral del demandado (dígital). [En caso de no saber el domicilio, se solicita citación por edicto de prensa]

-Fotocopia simple de la cédula de identidad de dos o tres testigos (que sepan en qué o de qué trabaja el demandado)

El equipo

Miriam Suarez Vargas
Responsable de Departamento de Derechos Humanos Directorio

Beverly Mamani Diaz
Administradora Ejecutiva Administración

Norma Cava Haase
Contadora Ejecutiva Administración

Sara Ruth Vilca Rocha
Abogada Voluntaria Equipo legal

Carla Veronica Soliz Loayza
Psicóloga Feminista Equipo psicológico

Osvaldo Hurtado Medrano
Coordinador General de Radio Alternativa - Facilitador de Campo Departamento de fortalecimiento

Elizabeth Cailloma Guzman
Responsable del Departamento de Jóvenes Departamento de fortalecimiento

Marvi Yamile Candia Aramayo
Responsable del Refugio Temporal Departamento de fortalecimiento

En Bolivia, se han producido grandes y rápidos cambios en nuestras formas de vida y nuestra forma de pensar, debido a la pandemia Covid-19, que ha desnudado una crisis muy profunda que interpela el actual sistema capitalista, basado en la acumulación de la riqueza, del control del poder político, la súper explotación del trabajo, y la destrucción de los recursos naturales del planeta.

En este periodo, se ha podido establecer que la pandemia afecta a todas las personas, aunque no de la misma forma. Ya que se han multiplicado las desigualdades y se han profundizado las brechas económicas entre ricos y pobres, amplificando sus efectos en aquellos sectores históricamente excluidos, que viven en condiciones precarias, que trabajan en la informalidad y quienes, por su orientación sexual, identidad sexual, su edad u origen étnico, muestran mayor vulnerabilidad y han visto sus derechos cada vez más restringidos. Por ende, es necesario leer la nueva realidad post-pandemia desde una mirada multidimensional.

En este contexto, en el mes de marzo del 2020, el gobierno de Añez declara estado de emergencia sanitaria, decretando una cuarentena rígida en todo el territorio nacional, con resultados funestos para miles de mujeres que viven con su agresor bajo el mismo techo. Según datos del Observatorio de la Mujer, del 22 de marzo al 22 de abril, cinco mujeres perdieron la vida y más de 1.500 hechos de violencia se produjeron en las familias bolivianas. Hasta septiembre de 2020, según la Fiscalía General del Estado, aproximadamente hubo 125 feminicidios y 24.000 episodios de violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica. El encierro de las mujeres en sus casas, fue el infierno cotidiano de miles de mujeres, golpeadas, ultrajadas y humilladas, demostrando que la casa no era el lugar más seguro contra el virus, como lo aseveró el gobierno en su momento, muchas no sabían si iban a lograr sobrevivir al virus, al hambre o a la violencia de sus parejas.

En el ámbito de la economía boliviana, los elevados niveles de pobreza e informalidad de nuestro país, nos hace reconocer que la crisis afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres; el impacto del coronavirus, ha golpeado con mayor dureza a las mujeres, debido a los roles de género tradicionales, que han limitado su tiempo disponible para participar en el mercado laboral e influyen en la discriminación ocupacional, por la cantidad de tareas que realizan dentro del hogar, teniendo en cuenta que una mayoría de ellas tienen trabajo informales o muy precarios, a tiempo parcial para acomodar sus horarios al trabajo remunerado y las labores familiares.

La situación de trabajo de las mujeres se vio muy afectada por la cuarentena, debido a que ellas participan más en la oferta de servicios y el comercio, que son los sectores menos protegidos, además de sumarse a sus responsabilidades la carga del trabajo de cuidado que no es remunerado. La situación de las mujeres se ha visto aún peor agravada debido al cierre temporal de escuelas y centros de atención infantil, demostrando la vulnerabilidad del empleo de las mujeres.

El Análisis del Impacto Covid-19 sobre las Mujeres trabajadoras en Bolivia, establece que:

• 7 de cada 10 mujeres generan ingresos en la economía informal, sin seguridad social, ni protección de legislación laboral.
• El 82% de las mujeres está en los sectores de servicios y comerciales, que han sido seriamente afectados por la emergencia de salud.
• La brecha salarial entre hombres y mujeres ronda alrededor de un 30%.
• El 70% de las mujeres trabaja en el sector informal, con una alta vulnerabilidad de empleo.
• 30% de la población del país está localizada en las áreas rurales, donde las mujeres no tienen ingresos propios.

En el año 2018, las mujeres experimentaron un resurgimiento de sus causas y luchas en defensa de sus derechos; si bien la abrogación del anteproyecto del Código Penal fue un duro golpe contra la demanda histórica feminista de ejercer sus derechos sexuales, sin más límites que sus propias decisiones sobre el cuerpo, primer territorio donde las mujeres debaten la autonomía sin más voluntad y permiso que el derecho a la autodeterminación.

Las feministas, activistas y defensoras de los derechos de las mujeres se fortalecieron en sus organizaciones y redes, entendieron que cada vez que avanzan, el patriarcado recrudece sus reacciones y redobla sus mecanismos de control para que nada cambie. Sin embargo ya nada podrá detener el avance de las mujeres a mejores condiciones de vida, cada día, ellas y sus organizaciones asumen la tarea de no callar y continuar sus caminos en contra de las fuerzas conservadoras que amenazan con arrebatarles sus derechos conquistados.

Parte de este diagnóstico es la ruptura del silencio que hacen las mujeres quienes vivieron en situaciones de violencia y hoy denuncian a sus agresores, toman las calles exigiendo una administración de la justicia, imparcial y transparente, exenta de sesgos de género, en el marco de la debida diligencia que no solo representa y defiende a las víctimas, sino que aboga por la restitución de sus derechos.

Las cifras de la violencia siguen avergonzando al Estado Plurinacional y a los administradores de la justicia; una investigación realizada en dos ciudades: El Alto y Santa Cruz de la Sierra por el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, da cuenta que de cada 100 mujeres, 75 reconocen haber vivido situaciones de violencia machista, cantidad de mujeres que se incrementa a 87, cuando el dato refiere a mujeres divorciadas, solteras, viudas o abandonadas. La misma investigación indica que de ese universo de mujeres agredidas, un 67 % denunció a su agresor, de las cuales un 35 %, obtuvo algún tipo de sentencia, mientras que un 56,4 % está sin sentencia.

Desde el 9 de Marzo del 2013, fecha de promulgación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Digna de Violencia, Ley 348, hasta diciembre del 2018, se cometieron alrededor de 555 feminicidios y Santa Cruz es un departamento que se encuentra entre los primeros, en índices de violencia y feminicidios.

La crueldad aplicada a los cuerpos femeninos como una orden del mandato masculino se puso en evidencia a través de una arremetida de los grupos anti-derechos, los cuales pretenden llevarnos a los tiempos remotos del pecado de “Adán y Eva” como la explicación más lógica de los roles tradicionales que debemos seguir no solo cumpliendo, sino perpetuándolos como la panacea contra los males del avance tecnológico y del mal llamado progreso.

La lucha por el derecho al aborto no es un capricho, es una respuesta a las mujeres quienes pierden la vida por someterse a abortos inseguros, donde se les niega el derecho universal a la salud. Los datos son irrefutables, según el IPAS se practican entre 40 a 60 mil abortos al año, siendo éste, la tercera causa de la muerte materna en el país. Por lo tanto el aborto es un tema de justicia social, de salud pública y es un tema de discriminación por el simple hecho de ser mujer.

La violencia machista y en razón de género es un tema estructural en Bolivia, el cual exige la intervención del Estado para su prevención y erradicación. Como expuesto en el Plan Estratégico Institucional de ONU Mujer, “el acceso a una justicia oportuna, transparente, efectiva, imparcial y no selectiva sigue siendo un desafío grave en la región, es especial para las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Las fallas en los sistemas judiciales de los países de la región incluye no solamente la falta de acceso a la justicia sino, además, la ausencia de independencia judicial y del Ministerio Público y otras debilidades, como la politización del Sistema de Justicia, las fallas en la accesibilidad y NO discriminación; la falta de información, transparencia y rendición de cuentas, las impunidades”.

Sin embargo, y para beneficio de las mujeres, hoy ocupan mayores espacios públicos, existen pequeños y medianos emprendimientos empresariales conducidos acertadamente por mujeres quienes se plantean el empoderamiento económico, como medio para alcanzar su independencia. Las jóvenes universitarias compiten con los jóvenes en carreras que tradicionalmente fueron consideradas de exclusividad masculina.

El aborto como derecho de las mujeres se lo debate públicamente, las diversidades sexuales hablan de sus derechos y de su dignidad para exigir justicia y el fin de la exclusión y la opresión; los derechos sexuales son un tema de debates y de reflexión constante y la lucha de la población LGTBQ se unió a las causas y luchas de las mujeres y feministas que propician los cambios necesarios para una vida con más empatía y respeto con la otredad.

Aunque no todo es avance, las leyes que se han promulgado y están para proteger los derechos de las mujeres y prevenir, atender y defender jurídicamente a las sobrevivientes de la violencia, no se cumplen, el Estado no dispone de presupuestos sensibles y comprometidos con la erradicación de la violencia y el respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y poblaciones con identidades genéricas diversas a la heterosexual.

Cada vez que las mujeres avanzan, surge una arremetida contra sus derechos y un afán por reposicionar los temas tradicionales que mantienen a las mujeres sujetas al espacio doméstico y privado del hogar; se vuelve a ensalzar a la familia como el bien mayor a defender, sin considerar que es en el seno familiar donde ocurren las mayores violaciones a los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes; las iglesias sin empacho salen a defender a las familias tradicionales, rechazando cualquier otro intento de construcción familiar, a partir de las nuevas formas de quererse, respetarse y consolidar un grupo de familia que no necesariamente concuerda con la figura de papá, mamá e hijos.

La igualdad jurídica y de oportunidades entre mujeres y hombres, con sus luces y sombras avanza hacia la construcción de una sociedad democrática con plena participación de las mujeres y todas las diversidades que fueron mantenidas al margen de cualquier ejercicio de poder y/o definiciones políticas que luego afectan a toda la comunidad y el país. El camino de ese avance está lleno de obstáculos, aunque se reconoce que en la medida que las mujeres avanzan hacia el ejercicio pleno de sus derechos, los hombres también se benefician y dejan de ser los únicos proveedores de recursos para sus familias.

Las mujeres de Santa Cruz, como en cualquier sociedad, tienen prácticas que podrían ser calificadas de buenas o muy buenas, aunque no siempre son las mismas, existe una diversidad de prácticas caracterizadas por procesos participativos que ocurren en el día a día, de una comunidad, barrio, distrito o pueblo indígena, procesos dirigidos a satisfacer una necesidad colectiva.

La mayoría de estas prácticas ocurren en el plano de los gobiernos municipales, donde las mujeres tuvieron la iniciativa de elaborar una estrategia de incidencia política, logrando resultados beneficiosos para toda la comunidad, sin discriminar a nadie. Los procesos de incidencia, llevados a cabo por las liderezas mujeres, tienen además, la particularidad, de ser incluidores, nadie está por demás, todos, todas y todes cuentan, la iniciativa se planifica desde una apuesta estratégica que contiene un enfoque de derechos individuales y colectivos, la perspectiva de género (en algunos casos), aunque se insista en la participación de las mujeres, no siempre se responde a una apuesta estratégica sobre el posicionamiento de las mujeres en el uso del poder o su participación en la toma de decisiones.

En todo caso, lo que se pretende con este estudio es sistematizar las buenas prácticas en tanto, sean replicables y demuestren el desenvolvimiento de una estrategia de las mujeres organizadas, ante su gobierno local, además, que éstas sean replicables en cualquier otro municipio del departamento.

Financiado: Embajada de la República de Alemania.

LA JUSTICIA AL REVÉS

Casa de la Mujer

1, diciembre de 2020

Hace algunos años atrás, Eduardo Galeano, escritor de los pensamientos liberadores latinoamericanistas, escribió el libro “Patas arriba, el mundo al revés” para referirse a la situación a la cual llegamos con la sociedad del consumo, donde las desigualdades tienen sus propios productos: la injusticia, el machismo, la misoginia, la homofobia, el racismo, el odio y la impunidad como manifestaciones de un poder destructivo que pretende desconocer los derechos conquistados por los movimientos sociales, en luchas que implicaron la pérdida de vidas humanas.

Resulta que mientras en los tribunales de la justicia se libera a un acusado de delitos sexuales (abusos y violaciones sexuales en serie) Claudio Américo Caiguara quien, aprovechándose de su poder de tutor de decenas de niñas y niños en las Aldeas del Padre Alfredo, abuso y violó sexualmente a niñas quienes después de crecer, decidieron romper el silencio y denunciar a su agresor, este individuo fue puesto en libertad. Juzguen ustedes la contradicción, se libera de responsabilidades a un acusado de violación a niñas huérfanas y se empieza una “cacería de brujas” contra activistas defensores de los derechos sexuales y los derechos a la salud reproductiva que tenemos las personas, sin discriminaciones de ninguna clase.

Se acosa, se persigue, se acusa a compañeras y compañeros quienes asumen públicamente una posición de defensa del derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y brindan información legitima y legal sobre los alcances y contenidos de la sentencia constitucional 206- 2014, sobre el derecho de las mujeres a interrumpir legalmente sus embarazos (aborto). A los poderes establecidos les incomodan las rebeldías y las amenazas de desmontar toda la estantería de mentiras y odios a las diferencias que armaron para amedrentar y acallar las voces de libertad y soberanía de las personas para autogobernarse, sin injerencias ajenas.

Otra perla de la injusticia; un joven pastor socapado por sus padres pastores, violó a una menor de edad y los administradores de la justicia consideraron que éste, debía defenderse en libertad, el mismo caso, un trabajador petrolero viola a una joven provocándole una lesión en su cadera y los administradores de la justicia consideraron que el autor, debe defenderse en libertad, mientras la joven, cada día, pierde motricidad en su cadera

A los antiderechos que se esconden detrás de la biblia, les pedimos que se hagan cargo de las decenas de denuncias de pedofilia, violencia sexual, embarazos forzosos y abortos inseguros que propiciaron. Erwin Bazán vocero de la iglesia católica, debe explicar la razón de la impunidad reinante, en casos relacionados con voceros de la biblia, además, del beneficio de libertad a favor de estos criminales que atentan contra los cuerpos de las niñas, adolescentes y jóvenes. Un individuo que ocupa un curul en la Asamblea Legislativa Plurinacional, es un servidor público y está obligada a cumplir la Constitución Política del Estado y todo su ordenamiento jurídico nacional.

Al asambleísta Bazán le hace falta un baño de constitucionalidad para aprender cuáles son sus deberes y competencias

Repudiamos las injusticias.

Condenamos la persecución selectiva contra nuestras compañeras, compañeros y compañeres.

Rechazamos el control y manipulación de nuestros cuerpos y los cuerpos de la otredad.

Advertimos estar alertas para salir en cualquier momento a defender el derecho a decidir.

Solidaridad y lucha con nuestras, nuestros y nuestres compañeras/os/es.

REPUDIO A LOS CRIMENES DE ODIO

En el Día Internacional de las Memorias Trans, la organización “Población de Mujeres trans Santa Cruz” levanta su voz para una vez más, denunciar los crímenes de odio, la intolerancia expresada en violencias físicas, verbales y psicológicas que las mujeres trans soportamos en las calles, en los lugares públicos y privados, allá donde lleguemos en busca del espacio que por derecho humano nos corresponde, allá mismo, sufrimos el impacto de la doble moral y la hipocresía de “pseudo honorables ciudadanos” quienes en los contextos heterosexuales, descargan en lxs más discriminadxs, el odio, el morbo y sus frustraciones sexuales.

Nadie podría imaginarse el dolor, el sufrimiento, la humillación y el desprecio que soportamos las mujeres trans condenadas a ejercer el trabajo sexual para sobrevivir, en una sociedad que usa nuestros cuerpos para después castigarlos de las peores maneras. La gente nos mira como si quisiera matarnos, nos deja escuchar sus burlas, sus comentarios y sentir su rabia: muchas compañeras ya no están entre nosotras, pagaron con su vida, el derecho a ser ellas mismas.

Luisa Durán muerta con 52 puñaladas, Litzi Hurtado asesinada con un destornillador, Dayana Kenia Romero, estrangulada y asesinada, en su rockola. Catalina Parada víctima de tentativa de feminicidio, con 8 puñaladas, Katerine Villalobos golpeada, desfigurada, con la pérdida de un ojo, después de 3 días de reclamos, recién recibió la orden para un médico forense , fue atacada en la céntrica avenida Cañoto, Yenny Osinaga Flores, recientemente, macheteada en el Plan 3000, la policía de dicho distrito se negó a recepcionar la denuncia, Carla Suárez encontrada muerta en el municipio de San Carlos, hasta cuándo y cuántas mujeres trans tendrán que morir para que los derechos de las personas trans sean respetados plenamente.

En esta oportunidad, abrigadas por la Plataforma de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, exigimos el respeto a todos nuestros derechos, incluyendo el trato digno para acceder desde una vivienda sin dircriminaciones y/o estigmatizaciones de ninguna clase, un empleo digno y el acceso irrestricto al sistema de justicia en Santa Cruz y en el lugar donde nos encontremos.

Por lo tanto, declaramos,

• Continuar denunciando y develando la hipocresía del sistema heteronormativo, patriarcal, capitalista y colonial.
• Exigimos ejercer el derecho a la profesionalización, vale decir, el ingreso a las universidades.
• Exigimos un sistema integral de salud que nos brinde un trato digno como a cualquier persona poseedora de derechos.
• Exigimos que el Estado cumpla su rol de garante de nuestros derechos, instruyendo a la policía cumplir su mandato de cuidar la vida de las ciudadanas y ciudadanos de este departamento.
• Solicitamos oportunidades para la capacitación en derechos y leyes que nos protegen.

Es dado en la ciudad de Santa Cruz a los 20 día del mes de noviembre del 2020

Friman: 

“Población de Mujeres trans Santa Cruz”

"Por la Plataforma de Lucha contra la Violencia Hacia las MUjeres"

"Casa de la Mujer Bolivia"

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

ACLARACIÓN E INFORMACIÓN NECESARIA

A la luz de los últimos acontecimientos de pequeños grupos antidemocráticos, que una vez más amenazan a nuestra recién reconquistada Democracia, sentimos la obligación moral y académica de hacer conocer nuestra posición objetiva e imparcial, respecto a las elecciones realizadas el día domingo 18 de octubre, 2020, la Comunidad de Estudios JAINA, como parte de la Plataforma OBSERVA BOLIVIA, comprometida con la Democracia y los derechos humanos de las bolivianas y bolivianos, junto a la Casa de la Mujer de Santa Cruz,   se dirigen a la población Boliviana, Tarijeña y Cruceña, en particular, para informar los resultados de un trabajo transparente, imparcial, inspirado en la ética de los derechos civiles de la población nacional.

Las organizaciones sociales como la Casa de la Mujer y la Comunidad de Estudios JAINA y otras residentes en los 9 departamentos, buscando contribuir a recuperar la credibilidad de la población en los procesos electorales, en el marco de la Plataforma Observa Bolivia, convocamos a jóvenes mujeres, hombres y toda/o ciudadana/o que se sintió en la necesidad de participar en el ejercicio de veeduría social del proceso eleccionario, aportando con su trabajo voluntario a la profundización de la democracia, a través de acompañar el sufragio ciudadano, tarea que asumimos con responsabilidad y autenticidad en la información.

Informamos y aclaramos que la veeduría social, es una iniciativa ciudadana de observación electoral doméstica, cualitativa e independiente. Como actoras del desarrollo y defensoras de los derechos humanos, el 18 de octubre, 2020, durante la jornada electoral, en silencio y con absoluto respeto, fiscalizamos el desempeño de todas/os los actoras/es involucrados en la emisión del voto universal, directo y secreto, como instrumento de la democracia representativa (art.11, parágrafo II,2, CPE).

En la Jornada Electoral se pudo presenciar y observar normalidad tanto en la concurrencia, durante el sufragio, hasta llegar al cómputo final de votos, en el Departamento de Tarija, lo mismo que en el Departamento de Santa Cruz y por la información recibida de los otros hermanos Departamentos, por parte de nuestros pares observadoras/es, también, en todo el territorio nacional, se vivió una jornada de completa tranquilidad.

En consecuencia, sin tomar posición a favor o en contra de ninguna fuerza política, nos encontramos en la capacidad de afirmar que es imposible que hubiese existido irregularidades que empañen el proceso electoral y peor aún, que se hubiese dado algún hecho fraudulento.

En el afán de disipar y aclarar todas las dudas, como entidades responsables del ejercicio de acompañamiento y observación del proceso electoral, trabajo voluntario respaldado en la Ley del Régimen Electoral, artículos 253, 254 y 255, 256, referidos al acompañamiento electoral, su contribución a la transparencia, su alcance y el código de respeto y principios del acompañante, informamos que en cada mesa de sufragio, participaron delegados de distintas fuerzas políticas, delegados que al finalizar el cómputo, además de estampar sus firmas en las actas, en señal de conformidad de la correcta realización de las elecciones, se retiraron llevándose consigo una copia del acta original, documentos que por deber moral, esos delegados, deben exhibir ante la población para fortalecer la Democracia y los mecanismos que la sustentan.

También, se corroboró que tanto el Presidente de cada mesa, como el Notario de cada Recinto Electoral, recibieron sus respectivas copias del acta; estos hechos y elementos ocurridos, el domingo 18 de octubre, 2020, dan la certeza que en todo el territorio nacional, existen miles de pruebas que pueden desmontar las denuncias sin fundamento y sin pruebas (valga la redundancia), que pretenden irresponsablemente, no respetar la voluntad popular y los resultados legales y Constitucionales que de ella derivada.

Todas, todos y todes podemos y debemos aportar a la Democracia, a una verdadera y duradera pacificación de nuestra Patria.

3 de noviembre del 2020

Comunidad de Estudios JAINA                                               Casa de la Mujer

             Tarija                                                                                     Santa Cruz

SALGAMOS DEL ENCIERRO

16 de agosto del 2020

Miriam Suárez Vargas

Desde mi encierro debido a la pandemia, escucho una música que a ratos se acerca y aleja, me asomo a la ventana, es una banda, son músicos acompañados con sus familias, arrastran una carretilla para juntar las ayudas que la gente solidaria pueda brindarles, portan un recipiente en la mano, tocan las puertas, no imponen, solo piden ayuda para sobrevivir un día más. Por la tarde…, vuelvo a oír tambores, serán los mismos? parecen estar recorriendo la calle, es una tamborita, sus integrantes se ven cansados, no siempre la suerte y el buen tiempo acompañan. La escena es dramática, no siento la alegría que invita a bailar, me invade un sentimiento de pérdida, de tristeza, los músicos caminan las calles esperando la solidaridad hospitalaria de la vecindad, en tiempos del COVID.

Éste es mi país, mi pueblo, desigual, diverso, plural, controlado por castas golpistas quienes se disputan el poder político, lo necesitan para continuar “usufructuando” y vendiendo los recursos naturales de las, les y los bolivianos, a los golpistas no les importa la vida, la democracia es un escudo para cubrir sus fechorías y doblegar por la fuerza el espíritu libertario de los movimientos sociales, buscan completar su proyecto extractivista y represor ahogando las voces que condenan el golpe de Estado y su política de muerte.

Con la excusa de cuidar la salud, las autoridades que acompañan a la autoproclamada presidenta, lanzan a las calles sus fuerzas represoras, aquellos uniformados cuyos únicos antecedentes conocidos son tan funestos que siembran el miedo en la gente. Cualquier movimiento social, concentración y desobediencia es y será penalizada (criminalizada), vocifera un ministro, contrapuntea otro: “serán perseguidos los terroristas por atentado a la salud pública, los tenemos identificados, ¡a la cárcel por sedición!” ¿Desde cuándo el derecho a la protesta se califica de sedición?, ¿desde cuándo la represión acabó con las ansias de libertad?, las fuerzas de los movilizados es la fuerza que anima a los pueblos a caminar hacia la meta de vivir en libertad, cobijadas/os por un horizonte de igualdad que respeta las diversidades, sin pensarse o situarse una por encima de nadie.

En la soledad inaguantable del encierro, ante los episodios de odio, el terror institucionalizado y los latrocinios que se descubren a diario, decidí ser una movilizada más, con los recursos disponibles -que son pocos- me pienso, me veo y soy una activista que condena la cultura de la muerte, cerrándole las puertas a los patriarcas del oscurantismo, revestidos de blanco para ocultar sus verdaderos rostros, de desprecio al diferente, desenmascarando a las autoridades indolentes, que dictan medidas no pensadas para un país de tantas diversidades que cohabitan en este vasto territorio.

Argumentos tienen, robaron las palabras de los movimientos sociales para despistar al oyente. Sin embargo, según la procedencia de los movilizados, aplican selectivamente la crueldad, si son pobres, indígenas o rebeldes opositores al gobierno en transición: no tienen almas, carecen de espíritus, son salvajes, no hay consideración alguna para ellos/as; si son jóvenes urbanos, blancos, con economías solventes, movilizados para que la transición perdure por largo tiempo, son demócratas; aunque promuevan en las calles el racismo y la criminalidad, cometiendo las peores humillaciones contra las mujeres, los indígenas, los pobres, las/os desempleadas/os movilizados en defensa de sus derechos.

Ni la pandemia del COVID-19, ni los discursos amenazadores de los golpistas en contubernio con la Unión Juvenil Cruceñista y la mal llamada Resistencia Juvenil Cochala, lograrán quebrantar el espíritu combatiente de los movimientos sociales.

¡!Basta!! salgamos del encierro, vamos a fortalecer la esperanza de nuestros pueblos, unidos contra cualquier intento de retroceso a la vieja república indiferente a las naciones y diversidades que cohabitan en este territorio Plurinacional.

Condenamos la violencia venga de donde venga!!!